En noviembre de 2019, luego de 15 años en el gobierno (2005-2020), el Frente Amplio (FA), un partido de centroizquierda con fuertes vínculos con los sindicatos y otras organizaciones sociales, perdió las elecciones con la Coalición Multicolor (centroderecha), liderada por el actual presidente Luis Lacalle Pou. La coalición estaba integrada por los dos partidos tradicionales (el Partido Nacional, al que pertenece Lacalle Pou, y el Partido Colorado), más una expresión nueva de derecha radical (Cabildo Abierto), así como dos expresiones electorales menores (el Partido Independiente y el Partido de la Gente). 

Aunque en la segunda vuelta la diferencia entre el candidato del FA, Daniel Martínez (ex-alcalde de Montevideo), y Lacalle Pou fue pequeña (1,6  puntos sobre los votos válidos), en la primera vuelta el FA sufrió un cimbronazo: fue el partido más votado, con 39% de los votos, pero perdió más de ocho puntos porcentuales respecto a las elecciones de 2014, lo que redujo significativamente su bancada parlamentaria. El resultado sorprendió a la dirigencia y militancia frenteamplista que, si bien esperaba una votación menor a la obtenida cinco años antes, no preveía una pérdida tan grande de votos. Las razones de este fenómeno fueron varias; entre ellas se destacaron la desaceleración de la economía, el aumento de la inseguridad, un candidato presidencial que generaba poco entusiasmo y la habilidad de la centroderecha para enfocar su crítica en la gestión de los gobiernos del FA. 

Tras las elecciones de 2019, el FA pasó a ser el principal partido de oposición. Este rol no era nuevo para esta fuerza, pues fue oposición desde su fundación en 1971 hasta 2004, cuando ganó las elecciones por primera vez. Sin embargo, en ese periodo el FA había crecido electoralmente de forma sistemática. En cambio, en 2019 fue la primera vez que el FA no solo perdió las elecciones, sino que también perdió votos. Además, la derrota electoral se procesó en el marco de la pérdida de quienes habían sido sus principales líderes desde mediados de la década de 1990: Tabaré Vázquez (presidente entre 2005-2010 y 2015-2020) falleció a fines de 2020, en tanto José Mujica (presidente entre 2010-2015) y Danilo Astori (histórico senador y ministro de Economía de los gobiernos frenteamplistas) pasaron a ocupar lugares secundarios por razones generacionales. Pese a esta coyuntura adversa, el FA no se desmoronó. Por el contrario, este partido formado en 1971 a partir de viejos partidos de izquierda como el Partido Comunista o el Partido Socialista, así como de grupos políticos progresistas de los partidos tradicionales, ha demostrado ser una estructura resiliente. Si bien enfrenta una serie de desafíos, desde su nuevo rol en la oposición está capitalizando el descontento con la agenda de ajuste del gobierno de centroderecha, procesando un recambio generacional. Desde ese lugar, puede imaginar volver al gobierno en 2024.

Puerta a puerta

Cuando los partidos enfrentan derrotas electorales o pierden a sus principales dirigentes, corren el riesgo de sufrir divisiones internas, los vínculos con la sociedad pueden debilitarse y, en definitiva, se arriesgan a enfrentar crisis más o menos profundas de sus estructuras. Los ejemplos de este tipo abundan en América Latina, tanto entre filas de la izquierda como de la derecha. Si para muestra basta un botón, vale recordar los casos de Alianza País de Rafael Correa en Ecuador o del Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil, dependiente de la figura de su líder histórico Luiz Inácio Lula da Silva. En el caso del FA, la coyuntura adversa de 2019, más que evidenciar una crisis interna, mostró la resiliencia de su estructura. Quizás el hecho que más ha materializado este fenómeno fue el referéndum de iniciativa ciudadana contra la Ley de Urgente Consideración (LUC) aprobada por el gobierno de Lacalle Pou en julio de 2020. 

La LUC ha sido, hasta el momento, la ley más importante del gobierno del presidente Lacalle Pou. Además de ser presentada mediante el mecanismo constitucional de «urgente consideración» (potestad del Poder Ejecutivo), que acorta los plazos del Parlamento para tratar los proyectos de ley, la LUC fue una ley «ómnibus» sumamente extensa, que en su versión original contenía 501 artículos. Casi un cuarto de sus contenidos se concentraba en asuntos de seguridad pública; en particular, se aumentaban penas y contenía disposiciones que aumentaban la discrecionalidad de la policía. Otras cláusulas restringían el derecho de protesta. La LUC fue criticada desde el FA y las organizaciones sociales tanto porque muchos de sus contenidos se consideraban regresivos y lesivos de las garantías individuales, como porque se entendía que se abusaba del mecanismo de la urgente consideración para legislar sobre temas que no presentaban ninguna urgencia. 

Tras la aprobación de la LUC, las organizaciones sociales, encabezadas por la central única de trabajadores (el Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores, PIT-CNT), decidieron impulsar un referéndum para derogar 135 artículos. Habilitar un referéndum era una tarea desafiante. En primer lugar, porque era necesario recolectar las adhesiones de 25% del padrón electoral, un requisito muy alto tanto en términos absolutos como en comparación con otros países que usan mecanismos de democracia directa. En segundo lugar, porque alcanzar las firmas requeridas era aún más problemático en un contexto en el que el presidente Lacalle Pou gozaba de altos niveles de popularidad y en el marco de las restricciones de movilidad impuestas para combatir la pandemia de covid-19. Por estas razones, muchos de los principales dirigentes frenteamplistas dudaron respecto a la conveniencia de sumarse a la campaña de recolección de firmas para derogar la LUC promovida por las organizaciones sociales. Esto solo ocurrió luego de intensas negociaciones en el interior de la compleja estructura del FA, en la que participan tanto dirigentes como militantes de base. 

En el último tramo de la campaña, no estaba claro que se llegaría a las firmas requeridas. No obstante, el 9 de julio de 2021, en el límite del plazo constitucional, el FA y las organizaciones sociales anunciaron que habían recolectado las firmas de 30 % del padrón electoral, lo que superaba ampliamente el umbral requerido. Este resultado sorprendió a algunos analistas y al gobierno, que consideraban que alcanzar ese número de firmas sería prácticamente imposible para la oposición. 

La estructura del FA, un partido con una extensa red de locales en el territorio que funcionan sistemáticamente más allá de los periodos electorales y aglutinan a la militancia (los comités de base), fue fundamental para el éxito de la campaña de recolección de firmas. Según datos de los organizadores del referéndum, la estructura frenteamplista recolectó 57,3 % de las firmas y las organizaciones sociales, 42,7 %. Ante la imposibilidad de realizar actos masivos debido a la pandemia, la campaña para habilitar el referéndum se basó en una estrategia de «uno a uno» y «puerta a puerta», en la que cientos de militantes frenteamplistas organizados en los comités de base recogieron firmas en todo el país. Lo mismo hicieron los sindicatos entre sus afiliados. 

El referéndum se celebró el 27 de marzo de 2022. La LUC no fue derogada pues la campaña por el «sí» a la derogación no alcanzó los votos requeridos. No obstante, la diferencia con el «no» a la derogación promovido por el gobierno fue pequeña (2,7 puntos sobre los votos válidos). 

El FA no interpretó el resultado como una derrota (aunque lo fue), sino como una coyuntura que le había permitido fortalecer sus vínculos con las organizaciones sociales, ser el actor político capaz de canalizar el descontento con el gobierno de buena parte de la ciudadanía, y en definitiva, realizar una demostración de fuerzas y constituirse como amenaza electoral para la centroderecha gobernante. El papel que cumplió la estructura de base del FA en este proceso llevó a la dirigencia frenteamplista a revalorizar el rol de la militancia, al interpretar que parte importante de la reacción del partido ante una coyuntura adversa solo había sido posible gracias a una estructura autónoma y organizada de militantes en el territorio. En virtud de esto, luego del referéndum, el FA diseñó un plan para incrementar la cantidad de comités de base en todo el país. A la vez, desarrolló una campaña en la que una diversidad de dirigentes frenteamplistas visitó cientos de ciudades, pueblos y localidades (en especial, del interior del país) para dialogar y recibir demandas de vecinos y organizaciones sociales. Ambas acciones tenían como objetivo mejorar la conexión orgánica del partido con la sociedad.

Hacia las elecciones de 2024

Las elecciones nacionales para elegir presidente y parlamentarios están previstas para fines de 2024. Estas estarán precedidas por elecciones internas en las que los partidos políticos elegirán a sus candidatos y candidatas únicos a la Presidencia. En este contexto, el FA se prepara para disputarle el gobierno a la Coalición Multicolor. Como en todo año preelectoral, a finales de 2023 el FA celebrará su congreso ordinario, una instancia relevante por dos razones: en primer lugar, este congreso –un ámbito compuesto esencialmente por delegaciones de militantes de los comités de base– es el que elabora el programa electoral del partido. Para esto, durante 2022, sesionó la Comisión Nacional de Programa, un órgano dependiente de la Mesa Política (órgano ejecutivo del FA) e integrada por militantes de base y representantes de los diferentes grupos políticos que lo componen. La Comisión Nacional de Programa delega su trabajo en unidades temáticas (actualmente funcionan 31), cuyo trabajo es elaborar los documentos que discutirá y votará el Congreso de cara a la redacción del programa. En un partido orgánico de masas como el FA, esta instancia es central, pues el programa elaborado por el Congreso suele orientar el accionar de los dirigentes y del partido tanto en el gobierno como en la oposición. 

En segundo lugar, el congreso programático del FA es importante porque de él surgirán el o los precandidatos y precandidatas presidenciales que competirán en las elecciones internas de 2024. Tras la ausencia de sus líderes históricos, durante los últimos años, el FA ha procesado un recambio de liderazgos que le permite llegar a la campaña electoral de 2024 con algunas figuras destacadas y con popularidad en ascenso. Entre ellos están Carolina Cosse, intendenta (alcaldesa) de Montevideo y ministra de Industria durante el segundo gobierno de Vázquez (2015-2020), y el dos veces intendente (alcalde) de Canelones Yamandú Orsi. Ambos gobiernan los dos departamentos más modernos del país que, en conjunto, aglutinan casi 60% de la población uruguaya. 

En las elecciones de 2019, Cosse fue elegida senadora luego de un acuerdo con el Partido Comunista, una de las fracciones del FA. Si bien al comienzo se la consideraba una figura más técnica que política (es ingeniera de profesión y siempre ha destacado ese rol), los pocos meses que actuó como senadora ganó notoriedad, en particular por su oposición a la LUC. En setiembre de 2020 se postuló como candidata a intendenta de Montevideo y le ganó las primarias a Martínez. Desde ese momento, Cosse pasó a ser una figura con proyección nacional, con buenas mediciones en las encuestas. 

En términos políticos, su principal desventaja es que no cuenta con el apoyo de muchos grupos políticos dentro del FA (de los grupos grandes, solo la apoya el Partido Comunista), aunque sí es posible que logre votos desde muchos independientes frenteamplistas. En términos ideológicos, se la considera una líder más pegada a posiciones «radicales» dentro del FA, aunque probablemente esta percepción obedece más a su vínculo con el Partido Comunista que a sus posiciones efectivas sobre las políticas públicas. Desde este último punto de vista, quizás Yamandú Orsi corra con ventaja. Orsi pertenece al Movimiento de Participación Popular (MPP), fracción de José «Pepe» Mujica, uno de los grupos políticos más grandes del FA, y además, es probable que obtenga el apoyo de los sectores políticos moderados del partido (como los que se aglutinaban bajo la figura de Astori). Además, por ser dos veces intendente de Canelones (el segundo departamento más poblado del país luego de Montevideo), Orsi es considerado como una figura que tiene más llegada al interior del país, un talón de Aquiles para el FA en términos electorales. Junto con Cosse y Orsi, otros tres dirigentes en ascenso, los senadores Mario Bergara y Óscar Andrade y el intendente del departamento de Salto Andrés Lima, seguramente asumirán roles destacados en los próximos años. 

Actualmente, todas las encuestas colocan al FA como favorito para las próximas elecciones, con una intención de voto que varía entre 44% en la mejor medición y 41% en la peor. Este panorama es optimista para el FA, pues no solo lo coloca por encima de la votación alcanzada en la primera vuelta de 2019 (39%), sino también por encima de lo que marcaban las encuestas de opinión pública previas a esas elecciones. Además, en las mediciones de opinión pública más optimistas, el FA supera a los partidos de la Coalición Multicolor sumados. 

Este escenario es producto de dos tipos de factores. Por un lado, el FA ha sabido capitalizar el descontento de una parte de la ciudadanía hacia la agenda de ajuste del gobierno. Por otro, desde finales de 2022 el gobierno de Lacalle Pou se ha visto envuelto en hechos de corrupción que involucran directamente a Presidencia. Ambos factores han impactado negativamente sobre la imagen del gobierno, si bien este aún conserva saldos positivos de aprobación a su gestión. 

Durante los primeros dos años, el gobierno tuvo altos niveles de aprobación en la opinión pública que superaron el 60%. La gestión de la pandemia favoreció al gobierno, que se negó a decretar una cuarentena obligatoria, aunque se restringieron los espectáculos públicos y los eventos en lugares cerrados y se habilitó el teletrabajo para los trabajadores del Estado. Durante el primer año de pandemia, la cantidad de casos de covid-19 estuvo controlada y el número de muertos fue limitado. Más adelante, los casos se dispararon (al igual que las muertes), pero la existencia de un sistema de salud sólido, heredado de gobiernos anteriores, evitó el colapso en la atención. Si bien el gobierno no deshizo ninguna de las grandes reformas de los gobiernos del FA (como la negociación colectiva de los salarios, el sistema nacional de salud o el impuesto a las rentas), implementó, desde el inicio, políticas de restricción del gasto destinadas a bajar el déficit fiscal, a la vez que adoptó pautas de negociación colectiva de los salarios tendientes a favorecer las preferencias del empresariado. 

Durante la pandemia, la economía se contrajo y el empeoramiento de algunos indicadores sociales (como la pobreza o la caída del salario real) quedó subsumida a la crisis del covid-19. Sin embargo, en la pospandemia, la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores ha sido más difícil de justificar, lo que empezó a impactar sobre los niveles de aprobación del gobierno. A esto se suma la reforma de la seguridad social que Lacalle Pou pretende aprobar en el Parlamento. Entre otras cosas, esta reforma aumenta de 60 a 65 años la edad de jubilación y modifica la base de cálculo de las jubilaciones futuras, lo que afecta, a la baja, la tasa de reemplazo. La reforma de la seguridad social es una medida impopular; tiene amplia oposición de los sindicatos y del FA, cuyos legisladores no la votarán. Según mediciones de opinión pública reciente, 54% de la ciudadanía está en desacuerdo, mientras solo 27% está a favor. 

A lo anterior se suman fenómenos de corrupción en el entorno de Presidencia, que tomaron notoriedad hacia fines de 2022, a partir de la condena del jefe de seguridad de Lacalle Pou, Alejandro Astesiano (el llamado «caso Astesiano»). El ex-funcionario fue condenado por facilitar la emisión falsa de pasaportes a ciudadanos rusos, así como por realizar una serie de favores a empresarios y jerarcas del Ministerio del Interior usando información privilegiada y operando desde su oficina en Presidencia. 

A menos de dos años de las elecciones nacionales, como en la década de 1990 y comienzos de la de 2000, el FA se prepara para gobernar, con la diferencia de que esta vez no debe mostrar (como antes) que la izquierda no representará un riesgo para atraer inversiones y generar estabilidad económica. Los 15 años que estuvo en el Poder Ejecutivo administrando de forma prolija la economía y promoviendo grandes transformaciones que modernizaron el país tiran por la borda cualquier tipo de intento decolocar al FA como un riesgo para el adecuado funcionamiento de la economía. Sin embargo, tampoco es cierto que el escenario para 2024 ya esté cerrado. El FA tiene el desafío de captar votos en algunos departamentos del interior del país históricamente gobernados por los partidos tradicionales, así como entre los sectores populares informales, donde la organización del FA es débil. La izquierda debe disputar el poder a partidos de centroderecha que han demostrado ser estructuras también fuertes y resilientes con arraigo en la sociedad, en particular el Partido Nacional. No en vano este partido, junto con su socio, el Partido Colorado, gobernó Uruguay durante la mayor parte de su historia. Además, es posible que, en el último año de gestión, el gobierno de Lacalle Pou modere su política restrictiva de gasto con el fin de mejorar sus chances de retener el gobierno. 

Foto: Juan Manuel Ramos